Inmaculada Romero de Diego renuncia a su acta de concejal en el grupo municipal Popular del Ayuntamiento de Puente de Génave, tras ser investigada por apropiarse, presuntamente, de fondos pertenecientes a un vecino de la aldea de Peñolite, en la actualidad fallecido. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Villacarrillo acordó el 2 de octubre su puesta en libertad provisional sin fianza.
Según ha podido saber Radio Sierra, el próximo lunes el Pleno del Ayuntamiento de Puente de Génave en su parte resolutiva lleva en su punto tercero la renuncia de su cargo de concejal. Radio Sierra adelanta también que los números 2, 3 y 4 de la lista electoral, Joaquín Hurtado Ruiz, Alfonso Martínez Peralta y María José Casado Arjona, renuncian a sustituir a la portavoz Popular. Alicia Serrano Samblás, número 5, se postula como la sustituta; al menos no ha presentando su renuncia.
A Inmaculada Romero de Diego se le investiga por la presunta comisión de los delitos de falsificación de tarjeta de crédito y falsedad documental. También pendiente de determinarse si se le imputa un tercer delito, que podría ser estafa agravada o apropiación indebida agravada. La detenida tiene que comparecer los días uno y quince de cada mes en sede judicial, no puede salir del territorio nacional y tiene retirado el pasaporte. En su comparecencia judicial, la detenida sólo respondió a las preguntas de su letrado.
El Partido Popular de Jaén trasladó en su día al Comité Andaluz de Derechos y Garantías lo ocurrido con la concejal y candidata a la Alcaldía en las dos últimas elecciones municipales. Los delitos que se le imputan estarían, presuntamente, relacionados con su vida laboral y personal y serian ajenos a su condición de cargo público como concejal en el Ayuntamiento de Puente de Génave. No obstante, el PP tomó la decisión y se dirigió al Comité de Derechos y Garantías dada la gravedad de los presuntos hechos investigados y mientras se efectúan las actuaciones judiciales oportunas.
El partido respeta las acciones policiales y judiciales y cumple con la obligación de comunicar los hechos a este Órgano autonómico para que, si procede, abra expediente informativo que podría derivar, o no, en la apertura de un expediente sancionador. Al poner en conocimiento los hechos al Órgano autonómico se le solicita la apertura de expediente informativo. Si procede, será el Comité de Derechos y Garantías el que podría proceder a la apertura, si cabe, de un expediente disciplinario.
